Cleptocracia con pensión

Administración de los males públicos

Jorge Pech Casanova

El suicidio de Carlos Fernando Márquez Padilla García le permitió a su viuda María Amparo Casar Pérez obtener en 2005 una pensión de 125 mil pesos mensuales pagada por Petróleos Mexicanos. El acontecimiento ilustra uno de tantos casos de tráfico de influencias que proliferaron durante los últimos regímenes del PRI y el PAN en México. En ese tiempo, la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, durante la presidencia de Vicente Fox Quezada (2000-2006).

Cuando Márquez Padilla se suicidó en octubre de 2004, luego de trabajar durante 129 días en Pemex, el difunto se estaba separando de Casar Pérez, pero ésta consiguió que en un par de meses la paraestatal le hiciera efectivo, por viudez, el pago de una pensión de ciento veinticinco mil pesos al mes, es decir, millón y medio de pesos al año. En los 129 días previos a su deceso, Márquez Padilla fue efímero coordinador de asesores del director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, (hermano del vocero de Fox, Rubén Aguilar Valenzuela, como recuerda el periodista Álvaro Delgado).

Como el gobierno de la república le suspendió este año a Casar Pérez la cuestionable pensión millonaria que cobra desde hace diecinueve años, el juez Sexto de Distrito en materia del Trabajo, Ricardo Guzmán Wolffer, se apresuró a ordenar que “se reintegre el pago de la pensión a los [sic] que tiene derecho” debido a que tomó como cierta la afirmación de Casar Pérez “de que su subsistencia está afectada, comprometida porque le dejaron de pagar la pensión post-mortem”. Enseguida, Guzmán Wolffer se declaró incompetente en el caso, por lo que ordenó remitir el expediente a los juzgados de Distrito en materia Administrativa.

En su precipitado fallo, Guzmán Wolffer no indagó que la peticionaria cobra por presidir Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), negocio informativo del empresario Claudio X. González Guajardo, El juez tampoco se informó de que la viuda recibe pagos por empleos adicionales (como los 47 mil 400 pesos que Casar Pérez cobró al estatal Canal Once por su participación en tan sólo tres emisiones del programa televisivo Primer Plano de octubre a diciembre de 2023). Quien se preocupe por la economía de la viuda, puede sentir alivio: al presidir MCCI, tiene un sueldo anual de tres millones 516 mil 529 pesos (293 mil pesos al mes). Y sigue cobrando millón y medio al año por viudez.

Alberto Aguirre detalló en su artículo “Detrás del caso Casar”, en El Economista, que, por el seguro de vida y la cobertura por gastos funerarios, “Casar Pérez recibió 17.2 millones de pesos. Y de conformidad con los porcentajes asentados en la póliza del seguro de vida, a partir de la primera quincena del 2015, comenzó a recibir 124,949 pesos mensuales, como pago de la pensión post-mortem, que Pemex cubriría en forma vitalicia, a menos que volviera a contraer matrimonio o entrara en concubinato. Sus hijos, Carlos y Fernanda, recibieron 15,434 pesos mensuales”.

La cantidad obtenida por Casar Pérez como seguro de vida y pensión se ve desmedida, obscena. Pero los defensores de la cleptocracia afirman que eso se acostumbra en Pemex. Omiten que la petrolera también le pagó a María Amparo Casar, a partir de 2005 y durante más de una década, despensas y las colegiaturas de sus hijos en colegios privados. A la fecha, la actual presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido de Pemex más de 31 millones de pesos por concepto de pensión, seguro de vida y otros privilegios.

El gobierno de la república difundió este caso de influyentismo por el estratosférico beneficio que Amparo Casar obtuvo con privilegiada premura de la empresa paraestatal, tras los apenas 129 días de servicios que prestó su esposo. Como lo sabe casi toda viuda mexicana que tramita una pensión, tal procedimiento toma al menos seis meses, cuando no años, para que una empresa del Estado comience a pagar la prestación.

A Amparo Casar, su exorbitante pensión le fue pagada a los dos meses del suicidio de su cónyuge, muerte voluntaria que debió invalidar la prestación, aunada al hecho de que el marido ni siquiera alcanzó el medio año de labores en la empresa antes de saltar por una ventana del edificio de Pemex donde tenía su oficina.

Por ello, como señala Alberto Aguirre en su artículo de El Economista, el 23 de febrero de este año “fue abierto el expediente 12151/2024/PPC/PEMEX/PP208”. Y la Dirección Jurídica de la paraestatal ha procedido a la recuperación de 31 millones 339 mil 995 pesos desembolsados por pensiones, seguro de vida y cobertura por gastos funerarios a Casar Pérez.

Los voceros de la cleptocracia han salido a decir que el gobierno, al actuar contra Amparo Casar, “despoja de su pensión a una viuda”. Sin embargo, desde el 22 de agosto de 2018 el analista Eloy Garza González había denunciado en un artículo que, durante el sexenio foxista, “Creel y María Amparo [Casar] acabaron sirviendo a fines extraños, cobrando altos sueldos en el gobierno federal en calidad de funcionarios públicos”.

Por entonces, Santiago Creel ganaba, según información de La Jornada en 2003, 228 mil 599 pesos, “un sueldo base bruto de 32 mil 232 pesos y una compensación garantizada bruta que asciende a 192 mil 324 pesos”; menos impuestos y otras deducciones, el salario neto mensual de Creel era de 123 mil 903 al mes. Al año, el secretario de Gobernación obtenía por su puesto un millón 486 mil 836 pesos.

Su coordinadora de asesores Amparo Casar no ha de haber percibido menos de la mitad de lo que recibía su jefe, pero digamos que le pagaban alrededor de cincuenta mil pesos al mes (600 mil pesos al año). Pongamos inclusive que ganaba sólo medio millón de pesos anuales en la Secretaría de Gobernación. Todavía era mucho dinero en 2005.

Además, Casar Pérez cobraba como académica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde despachaba, pues no acudía a sus oficinas en la Secretaría de Gobernación. Lo denunció Garza González desde 2018, cuando describió su relación de trabajo con Casar en el sexenio de Fox: “Una asistente suya me pidió que le dejara el documento, ya que la Coordinadora de Asesores simplemente no iba a trabajar. Si quería acordar con ella tendría que irla a visitar al CIDE”.

La académica con doble empleo nunca padeció desamparo económico. Fue alta funcionaria del gobierno foxista. Su marido cobró durante los 129 días que trabajó en Pemex una suma nada despreciable, parte de la cual benefició a su esposa, su hija y su hijo. Antes de ese empleo, el suicida tuvo asimismo puestos muy bien pagados. Pero la insaciable Casar Pérez quiso cobrar una pensión descomunal que no le correspondía, y la consiguió gracias a su cercanía con Santiago Creel, a quien entonces se creía sucesor de Fox en la presidencia de la república.

María Amparo Casar Pérez, al igual que su patrón Claudio X. González Guajardo, la candidata presidencial Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, así como los hampones electorales Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, tienen el futuro asegurado. Al igual que el gris y siempre postergado Santiago Creel. Por algo hacen equipo durante el proceso electoral de este año, que ellos han contribuido a enturbiar.